EL YUNQUE ESTRENA VOCERO

Homero Aguirre Enríquez
Columnista invitado

El lunes 10 del presente mes, Ciro Gómez Leyva dedicó su columna a justificar que la policía federal desaloje el plantón que sostienen desde hace más de un mes, en la calle Bucareli, integrantes de Antorcha Campesina que piden a la Secretaría de Gobernación que intervenga para frenar la ilegal y violenta actuación del Gobierno de Querétaro, base de operaciones de El Yunque, que ha hecho víctima en esta ocasión a la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, a la que despojó mediante un violento operativo de más de 250 policías, de un pozo construido y administrado por los habitantes de la misma desde hace 30 años, y encarceló a 14 de sus habitantes, fabricándoles delitos para que no puedan salir en mucho tiempo, en represalia porque participaron en ese movimiento social que demanda que el pozo sea devuelto y el administrador del mismo entregue cuentas del dinero que recibió para operarlo.

El cerebro de la represión es Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno, destacado miembro yunquista y cuñado del cuestionado administrador del pozo.

Toda esta grave situación, que refleja el abuso de poder y el tráfico de influencias de Botello Montes, difundida en desplegados, notas periodísticas, volantes y manifestaciones en la capital -a unos pasos de donde trabaja el columnista- y en el interior del país, es reducida por éste a una “protesta localísima y difusa” que no merece otro destino que el desalojo fulminante.

Ciro Gómez está equivocado, la protesta de ese grupo de personas, atropelladas por los yunquistas de Querétaro, es justa y de interés nacional puesto que si se permite impunemente que los políticos avasallen a los ciudadanos que muestran inconformidades o hacen reclamos, los encarcelen y luego escondan su despotismo tras la desinformación, todos los mexicanos estaremos en peligro.

Esto, en Querétaro, no es un futuro hipotético; con la misma maniobra de inventar delitos y poner a los detenidos en manos de un Juez incondicional al gobierno –el Juez Octavo, mismo que hoy “juzga” a los detenidos de La Piedad-, el gobierno estatal mantuvo encarcelada durante tres años a Cristina Rosas Illescas, dirigente estatal antorchista, quien fue liberada por órdenes de un juez federal, y por estos días persigue judicialmente a Jerónimo Gurrola Grave, actual dirigente antorchista en esa entidad, y a Yesenia Valdés, abogada de los habitantes de La Piedad.

El mecanismo es torcido y siniestro: los yunquistas saben que perderán una causa penal construida con mentiras y nuevamente un juez federal les ordenará liberar a sus víctimas, pero alargarán la detención ilegal lo más que puedan, para amedrentar a quienes se les opusieron.

Pero, Gómez Leyva no solamente habla despectivamente de este movimiento, sino que, montado en el chantajista argumento de que el gobierno federal no debe permitir que le tome la medida el “pueblo bueno”, como llama irónicamente a varias expresiones de protesta social, abiertamente llama a que el Secretario de Gobernación monte un operativo de la policía federal, para desalojar el plantón y restablecer así la circulación por esa calle, cerrada, valga la aclaración, porque así lo determinaron los mandos de Gobernación, que instalaron las vallas metálicas protegidas con policías y cancelaron cualquier diálogo, lo que evidencia, por lo menos, complacencia con lo que hacen sus abusivos correligionarios de Querétaro.

Desde este punto de vista, la protesta frente a Gobernación es tan legítima y digna de apoyo como la que, a principios de 2003, emprendieron un grupo de periodistas a quienes un grupo con influencia en el poder dejó sin fuente de trabajo en Canal 40, en la que los participantes volantearon y acudieron masivamente a “recuperar las instalaciones” de la antena transmisora, acompañados de sus abogados –uno de los cuales era, precisamente, el Licenciado Fernando Gómez Mont, actual Secretario de Gobernación.

En ese entonces, Ciro Gómez, indignado por la indiferencia con que el poder avalaba la agresión en su contra –fue cuando Fox dijo: ¿y yo por qué?- escribió: “fuimos despojados de nuestras instalaciones y nuestra señal mediante un operativo violento; pedimos la devolución de nuestras instalaciones y nuestra señal, así como el castigo para quienes diseñaron y ejecutaron la toma violenta”. Pues exactamente lo mismo piden los campesinos de La Piedad: que les devuelvan lo que es suyo y castiguen a quienes los violentaron. Pero ellos, a diferencia del afamado periodista que ahora clama porque el gobierno federal los desaloje a toletazos, no tuvieron la suerte y la influencia mediática que evitó que lo metieran a la cárcel en aquel entonces; por eso, además de pedir que les regresen sus instalaciones, piden que les devuelvan su libertad a 14 personas inocentes, arrebatada por el panismo que tuerce la ley en Querétaro.

Al escribir la columna mencionada, Ciro Gómez Leyva no actuó con limpieza periodística, sino que elaboró una justificación para que el Estado abuse más de un grupo de mexicanos. Su escrito es un periodicazo, hecho sobre la base de omitir de manera absoluta las graves razones que obligan a esas personas a permanecer frente a esa dependencia federal, que tiene entre sus obligaciones legales “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto”.

Lo sepa o no el periodista, su escrito es un chantaje para que el nuevo Secretario de Gobernación “no se deje tomar la medida” y mande a la policía a desalojar el plantón, si es que no quiere aparecer “blando”, como supuestamente lo fueron sus recientes antecesores; al mismo tiempo, coloca al columnista como vocero de El Yunque, al defender, por la vía de callar sus atropellos y pedir represión policíaca contra quienes se quejan de ellos, a los abusivos que se han montado en el poder estatal de Querétaro y lo han convertido en un estado sin ley y sin derechos humanos.

A pesar de la amenaza y el riesgo latente del desalojo, el plantón permanecerá en Bucareli, en espera de que la Secretaría de Gobernación intervenga políticamente en Querétaro, como le ordena la ley y lo requiere la grave situación del país